El V Congreso de Viviendas Turísticas de Ibiza, organizado por AVAT, PIMEEF y el Consell d'Eivissa generó diversas informaciones en los medios locales. FOTO: Sergio G. Cañizares

FUENTE: DIARIO DE IBIZA, 8 OCTUBRE 2019

El Consell quiere desbloquear 6.330 plazas en viviendas turísticas en Ibiza
La máxima institución insular pretende evitar las inspecciones previas en las Declaraciones Responsables de Inicio de Actividad para agilizar la tramitación

Bea Roselló - Eivisa
El Consell de Ibiza trabajará para implementar un sistema para asignar un número de registro a todas las Declaraciones Responsables de Inicio de Actividad (Driat) «sin necesidad de inspección previa a los efectos de agilizar toda la tramitación pendiente», explicó ayer el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, en la inauguración de la quinta edición del Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales, celebrado en el Centro Cultural de Jesús.

En este sentido, Marí señaló que, a día de hoy, hay 863 expedientes pendientes, que suponen 6.330 plazas turísticas de viviendas vacacionales que, en su momento, presentaron una Driat en plazo y forma y que están a la espera, en algunos casos desde 2015, de obtener el número de registro turístico.
Es una situación «dramática», según explicó ayer el conseller de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, que precisó que, hasta ahora, el departamento de Turismo realizaba una inspección previa y luego se daba el número de registro, «al final era de facto como una licencia previa».

Para Juan, el sentido de las Driat es que, una vez presentada la documentación y siempre que se cumpla con la normativa, se pueda ejercer «sin tener que esperar a que la administración y la burocracia te dé permiso, eso es una declaración responsable». Ahora, esos expedientes encallados provocan una «inseguridad» a los propietarios porque no tienen el número de registro.

La ponencia que inauguró la primera jornada del Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza trató las diferentes normativas locales y autonómicas existentes. El presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), Tolo Gomila, se mostró muy crítico con la ley de turismo de Balears, que tildó de ser «la peor de Europa», e incidió en que la administración pública no tiene la estructura necesaria para poder perseguir a aquellos que incumplen la normativa. Además, Gomila recordó que dicha ley se encuentra denunciada ante Bruselas.

El conseller de Territorio, Mariano Juan, por su parte, criticó que si no hay control es «perder el tiempo» y denunció que si las administraciones no tienen el control ni los mecanismos legales, «no solo materiales sino legales, para hacer las inspecciones correspondientes, no sirve para nada». En este sentido, señaló que cuando se habla de normativa se explica «muy bien» la teoría pero si luego no hay procedimientos legales para «hacer cumplir, no sirve».

Movimientos involucionistas
«Sin control ni autocontrol del sector, ni control de la administración, vas al caos, al desequilibrio que se manifiesta cuantitativamente con piratas o cualitativamente con expertos que alquilan villas para hacer fiestas», sentenció. Esta situación, según Juan, es lo que provoca la «crispación de la convivencia y la tensión en el mercado», que favorece la aparición de «movimientos involucionistas»: «Movimientos que quieren prohibiciones totales y absolutas. Al final, el propio descontrol del sector provoca un efecto contrario cuando revienta todo y se acaba prohibiendo», dijo.

En relación a los mecanismos legales, para Juan deben ser «ágiles, rápidos y modernos» y contar con registros electrónicos y con la coordinación con comercializadores y con Hacienda. «Los mecanismos de control de las leyes son prácticamente igual que hace 30 ó 40 años y para una sanción de tráfico puede valer, pero no es práctico en muchos ámbitos nuevos y el sector turístico es un ejemplo y los taxis piratas, lo mismo», apuntó.

Juan defendió la «autonomía» de los municipios para decidir el modelo de ciudad que quieren a través de modificaciones puntuales y compatibilizar el uso residencial con el uso turístico y criticó que las leyes urbanísticas hacen «realmente imposible de facto» que un ayuntamiento pueda aprobar normativa.

En cuanto al debate de dónde se permite el uso turístico y dónde no, el conseller señaló que se debe hacer «un pensamiento como sociedad». «El Consell deberá enarbolar un pacto social, no solo con partidos políticos, sino con la propia sociedad y los operadores, para ver hasta dónde queremos llegar o en qué tipo de suelo y qué tipología de vivienda y hacerlo desde el consenso», indicó.

El abogado urbanista Rafa Encarnación, por su parte, indicó que se ha pasado de una «desregulación, que no era tal porque había normas autonómicas y estatales, a una hiperregulación» y señaló que actualmente la vivienda turística está regulada por un «montón de ámbitos del derecho civil y administrativo». Para Encarnación, las administraciones municipales se han visto «desbordadas» por el intento de regularizar el uso turístico, que lo único que ha provocado es la «judicialización» de las zonificaciones ya que deben estar basadas en criterios urbanísticos. Además, indicó que la situación de Ibiza es «muy encorsetada» debido a la dispersión de las viviendas, que complica la compatibilización de usos.

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FUENTE: DIARIO DE IBIZA, 8 OCTUBRE 2019

Medidas para lograr un alojamiento sostenible
Diferentes empresas lanzan propuestas para que el inmueble y sus inquilinos respeten el medio ambiente
B.R. | Jesús
La segunda ponencia de la primera jomada hizo referencia a la sostenibilidad medioambiental en el alojamiento turístico. En dicho debate se pusieron sobre la mesa medidas para hacer de una vivienda turística un alojamiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La presidenta de la Fundación para la Conservación de Ibiza, Sandra Benbeniste, fue la encargada de moderar el debate en el que los responsables de las empresas Terravita, Solsulet, Mi Casa Tu Casa Ibiza e Ibiza Sostenible lanzaron propuestas para ayudar a los turistas a respetar el entorno. El integrante del Observatorio de la sostenibilidad, Juan Calvo, también destacó la importancia de reutilizar agua y reducir los consumos sustituyendo los jardines de césped por una jardinería mediterránea, entre otros ejemplos. El responsable de mi Casa Tu Casa Ibiza, Tom Hoddell, destacó el hecho de que toda la gestión de la vivienda, incluyendo el servicio de limpieza, sea sostenible y evitar así los productos químicos.

Durante la tarde, se trataron temas como la seguridad de la vivienda vacacional así como las opciones para incrementar la rentabilidad de los inmuebles.

La segunda jornada, que tendrá lugar hoy, arrancará con una mesa redonda con representantes municipales que lanzarán propuestas para legislar a lo largo de este mandato. Continuará con un debate sobre la liberalización frente a la regulación del sector. Por la tarde, se celebrará una ponencia sobre plataformas comercializadoras en la intermediación del alojamiento de viviendas. La quinta edición del congreso, a la que se han inscrito más de 120 personas, finalizará con el tema de la fiscalidad del arrendamiento vacacional.

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FUENTE: DIARIO DE IBIZA, 8 OCTUBRE 2019

Tolo Gomila: «La rentabilidad ha caído mucho porque ya no tenemos el flujo adicional de turistas»
El presidente de Fevitur, Tolo Gomila, participó ayer en la primera jornada del Congreso de Viviendas Turísticas Vacaciones, que continúa durante el día de hoy con un debate sobre las propuestas políticas por parte de los diferentes ayuntamientos de la isla.

B.Roselló | Jesús
El presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), Tolo Gomila, destacó que, según Egatur, el coste-estancia es de 1.025 euros en el caso del cliente que acude a un hotel frente a los 1.233 euros del visitante que opta por una vivienda turística. Además, la estancia en el sector hotelero es de 4,4 días frente a los 6,2 de las viviendas.

¿Considera que el alquiler turístico no influye en el precio de los alquileres?
No y se ha demostrado. En la ciudad de Palma, por ejemplo, se ha reducido la oferta de la vivienda de uso turístico en un 60% y la variación interanual ha sido de un 27% al alza. Al fin y al cabo, la incidencia en el tema de la viviendas es en base a lo que pesas, el problema es que hay una falta grave de vivienda. Lo que se debe mirar de cerca es el número de viviendas vacías, que en Palma Ciutat son el 16,2, mientras que el número de viviendas sobre el parque residencial representa el 0,79%. Lo que hay que hacer es estimular políticas de vivienda y seducir a los propietarios que tienen viviendas vacías para que las pongan en el mercado.

¿Cree que la administración ha hecho todo lo que podía hacer en cuanto a control?
En cuanto a control, cero. Una ley es mala cuando la administración que la tiene que tutelar no es capaz. No hay ni servicio de inspección, ni volumen de inspectores ni tampoco las medidas telemáticas para poder hacerlo. Tenemos que recordar que esta ley nació como la ley Frankenstein y así la calificó el conseller que la aprobó. Estamos frente a un disparate y lo que vemos en otras comunidades es que, si das una legislación que aporte un marco jurídico, y sostenible, y derechos y responsabilidades a administradores y administrados se reduce la oferta ilegal de una manera muy importante.

¿Confían en que se consiga el equilibro entre el uso residencial y el uso turístico?
La situación macroeconómica que tenemos a día de hoy nos ayudará a que se consiga este equilibrio y se verá una reducción de la oferta porque, según Frontur, esta oferta ya se ha reducido un 27% y llegaremos a un punto de normalización normativa.

¿A qué se debe esta reducción de la oferta?
Hay gente que, después de estos años, se ha quedado fuera por no poder cumplir o no poder legalizar su viviendas y, por otro lado, la rentabilidad ha caído mucho porque ya no estamos en la época de hace tres años con 5 millones de visitantes de flujo turístico adicional por la situación geopolítica que teníamos en el arco mediterráneo.

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FUENTE: PERIÓDICO DE IBIZA, 8 OCTUBRE 2019

El Consell acumula 863 solicitudes de actividad turística desde enero de 2015
La institución dice que la comercialización de las plazas no es ilegal y que agilizará su expedición

Noemí Martínez
El Consell d’Eivissa tiene un total de 863 expedientes de Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística (DRIAT) acumulados, lo que corresponde a 6.330 plazas; un retraso que, según matizó ayer Mariano Juan, conseller de Territorio y Antiintrusismo del Consell, lleva así desde enero de 2015.

La Ley de Turismo balear establece que para ejercer una actividad de arrendamiento de vivienda turística se puede hacer mediante una DRIAT, ya que se certifica que la vivienda cumple con los requisitos exigidos por la Ley para el alquiler turístico.

En este sentido, una vez se presenta la DRIAT y se certifica que la documentación aportada por el arrendador cumple con lo exigido, se expide automáticamente un número que valida su registro turístico. Sin embargo, en Ibiza «el DRIAT se está usando de forma errónea», lamentó Juan. Y es que, cuando se presenta, «no se le da al arrendador esta identificación».

Esta situación ha hecho que haya plazas turísticas en la isla que están en un «limbo jurídico» que, a juicio del conseller, «provocan inseguridad en la persona que ha hecho bien todos sus trámites». Aunque subrayó que estas plazas son legales, especificó que, en teoría, no se deberían poder comercializar en internet porque las plataformas «tienen que pedir ese número de registro».

A pesar de ello, Juan insistió en que «la negligencia de la Administración (en este caso el Consell d’Eivissa) no puede perjudicar al administrador», por lo que no se trata de una ilegalidad.

Por ello, desde el departamento de Turismo de la máxima institución insular se va a revisar toda la documentación de las DRIAT para darles su número de registro correspondiente. «Es un trabajo de unos minutos. Estas personas tienen el derecho de iniciar su actividad y, probablemente, la estén ejerciendo ya», indicó.

La ley turística balear, a examen
En la quinta edición del Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza, celebrado ayer en el Centro Cultural de Jesús, también se habló de los datos publicados la semana pasada por Frontur: la vivienda de uso turístico está decreciendo y, en Balears, ha caído un 26 % de 2016 a 2018.

En este sentido, Tolo Gomila, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), dejó caer ayer que la Ley de Turismo de las Illes Balears es de las peores a nivel nacional. «Hemos perdido la declaración responsable de inicio de actividad turística. De hecho, hay comunidades autónomas donde estamos vulnerando esa declaración, como en Balears, y la Administración está incumpliendo la ley europea», detalló, al tiempo que subrayó que «por eso está denunciada en Bruselas».

Además, sostuvo que la ley balear no permite hacer un seguimiento de todas las infracciones que se cometan al respecto. «¿Cuántas denuncias ha habido con la Ley de Turismo balear?», se preguntó.

A su juicio, a esta normativa le falta consenso y consideró necesario «ponerse en la piel de quien administra» estas viviendas. En esta línea, especificó que desde Fevitur se ha pedido que se elabore un registro nacional de viviendas de uso turístico y que el Instituto Nacional de Estadística haga una métrica de lo que pesa, realmente, la vivienda de uso turístico. «Lo que mide ahora es la oferta turística extrahotelera (que aporta 63.500 millones de euros anuales al PIB) y hay estudios no estatales que dicen que la aportación al PIB de las viviendas de uso turístico es de 9.000 millones de euros», remarcó.

Se sabe que el peso de las viviendas turísticas en Balears es de un 6,7 % respecto al 100 % del parque residencial. En cuanto a Ibiza, se habla de 20.500 plazas legalizadas, «pero no es un dato real porque hay muchas que siguen a la espera de la revisión del expediente», detalló José Antonio Llano, presidente de la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos (AVAT).

Sostenibilidad
En el Congreso también se habló de sostenibilidad medioambiental en el alojamiento turístico. Así, Juan Calvo, coordinador de la Alianza por el Agua, incidió en la importancia de reducir el consumo de agua porque «realmente tenemos un problema muy grave de sequía».

De hecho, señaló que, en las viviendas de suelo rústico, su consumo supone hasta el 30 % del agua de los acuíferos. «Con acciones como cambiar el jardín tropical de césped al jardín mediterráneo o apostando por la recogida de pluviales, entre reducir y reutilizar, se puede ahorrar hasta el 40 %», afirmó.

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FUENTE: DIARIO DE IBIZA, 9 OCTUBRE 2019

Competencia defiende en Ibiza la liberalización de las viviendas turísticas
Cuatro expertos abogan por liberalizar el mercado del alquiler turístico en un debate en el congreso sobre vivienda vacacional | Defienden que los gobiernos aplican restricciones presionados por los hoteleros, a los que acusan que vincular este negocio con problemas cívicos y de convivencia

Marta Torres
A la Comisión Nacional de Mercados y Competencia no le gusta la normativa de viviendas turísticas de Formentera. Así de contundente lo afirmó Pedro Hinojo, de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, durante la segunda jornada del V Congreso de Viviendas Turísticas de Ibiza, organizado por la Asociación de Viviendas Turísticas de Ibiza y Formentera (AVAT), Pimeef y el Consell de Ibiza.

Hinojo, que participó en el debate 'Liberalización versus regulación', se mostró a favor de la primera opción. «Parece que tenemos una reputación de liberalización excesiva, pero es que la competencia tiende a maximizar el bienestar social», indicó el ponente, siguiendo el pie que le dio María Victoria Torre Sustaeta, especializada en Derecho de la Competencia y moderadora del debate, que durante su introducción abogó por normativas «muy claras» sin «lagunas» que favorezcan interpretaciones «muy formalistas» como, a su parecer, ha pasado en Formentera. Hinojo indicó que en Competencia no están a favor de «criterios de zonificación» ya que, afirmó, «vulnera la libertad de empresa». «Es una compra de tiempo», apuntó el economista, que afirmó: «No le puedes decir a un turista si tiene que ir a un hotel o a un piso». Además Hinojo se mostró contrario tanto a la prohibición de que una persona alquile habitaciones de la casa en la que vive –«el hogar compartido genera menos presión sobre el alquiler»– así como de los requisitos: «No creo que se pueda exigir que haya wifi, una mesita de noche o un sofá. Que cada uno vaya donde quiera».

«Regular ahoga al propio ciudadano, hay que proteger al consumidor, no a la actividad en sí», indicó la moderadora durante un debate en el que, a pesar del nombre, apenas hubo discusión, ya que todos los ponentes se manifestaron prácticamente en el mismo sentido. «Regular suele dañar a los consumidores», afirmó Mateo Silos, economista principal de Ofwat (reguladora del sector del agua en Inglaterra y Gales), que destacó que las restricciones «mantienen los privilegios de unos pocos». Afirmación que apoyó con ejemplos como la liberalización del sector del taxi o de las líneas aéreas.

«Por interés general no está justificada la restricción de la competencia y eso es algo que suelen olvidar los gobiernos», insistió el experto, que señaló: «En inglés no hay una palabra para traducir intrusismo y aquí hay una dirección insular».

En este sentido, y relacionado con la vivienda turística, Silos defendió que la aprobación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) los hoteleros de Balears vivieron «un boom de facturación» al mismo tiempo que las pernoctaciones no aumentaron en la misma medida. «Y ahora los hoteleros piden más», continuó, antes de insistir en que las restricciones al alquiler turístico benefician a los empresarios de la hostelería, un lobby que, explicó, igual que los taxistas o las aerolíneas, presiona a los gobernantes para no tener competencia. Silos calificó de «maraña» y la normativa sobre este tema en las islas, que definió como «opaca». «Si tengo un piso, se lo alquilo a quien quiero», concluyó el experto su intervención.

«Campaña de los hoteleros»
«Se ha hecho una campaña por parte de los hoteleros para vincular el alquiler turístico a problemas cívicos y a un incremento del precio de la vivienda», indicó Carlos Pérez-Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), en el único momento del debate en el que se refirieron a los problemas que denuncian los vecinos de estos alquileres. Y, de hecho, fue para negarlos: «En Málaga sólo ha habido 21 incidentes y en Sevilla 43. Además, la mayoría fueron porque las fotos no se ajustaban», indicó el presidente, que abogó por la organización y el asociacionismo de los propietarios de este tipo de viviendas.

«El alquiler turístico ha existido toda la vida, ¿y ahora soy ilegal?», aseguró Pérez-Lanzac que se preguntan los afectados por las restricciones. El presidente de la asociación andaluza reclamó durante su exposición tres cosas a los gobernantes: una normativa de mínimos que sea igual para toda España, diferencia entre operadores individuales y profesionales «y que los ayuntamientos sean capaces de decidir el modelo turístico que quieran».

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FUENTE: DIARIO DE IBIZA, 9 OCTUBRE 2019

Morrás: «Hay vivienda de sobra, pero no se emplea para lo que toca»
Los concejales de Sant Antoni, Sant Josep y Santa Eulària abogan por regular el alquiler turístico Los propietarios cargan contra la administración durante el congreso

Hacer la campaña de la aceituna en Andalucía o la de la uva en Francia. Es el amargo futuro que les espera a los residentes en Ibiza si los turistas dejan de venir, según afirmó ayer en el V Congreso de Viviendas Turísticas de Ibiza Miguel Tur Contreras, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sant Antoni en la mesa redonda 'Viviendas vacacionales: Propuestas políticas para la legislatura actual'. «No olvidemos que en Ibiza vivimos del turismo», continuó el edil, dirigiéndose a un auditorio formado, en su mayoría, por propietarios de alquileres turísticos.

Tanto él como su homólogo en Sant Josep, Vicent Roselló, se mostraron muy dispuestos a regular la vivienda turística en todas sus intervenciones en la mesa, en la que hubo representación de todos los municipios excepto de Sant Joan, que se excusó en el último momento. «Alojarse en casas ha sido una realidad desde siempre», apuntó el concejal de Turismo josepí, que defendió «las características especiales» de su municipio, donde hay «muchas casas aisladas» y abogó por regular este tipo de oferta «con unos criterios claros» sobre los servicios que deben ofrecer y con un control que permita «perseguir» a quienes la gestionen de forma ilegal. «No todo vale, pero si hay una demanda está claro que habrá una oferta y hay que regularla», concluyó. En este mismo sentido se manifestó el conseller insular de Presidencia, Vicent Roig, que ejerció como moderador: «Hay muchos piratas que ofrecen yoga, celebraciones o bodas».

«Si queremos este turismo que se aloja en viviendas, pero regulado», apuntó el primer teniente de alcalde de Santa Eulària, Miquel Tur Rubio, que defendió diferenciar los usos de las viviendas ya que «la vida y los horarios» de un residente y de un turista son muy diferentes.

Aitor Morrás, concejal de Vivienda de Vila, fue el único de los representantes municipales que se mostró claramente en contra del alquiler turístico en su municipio debido a la «fuerte presión urbanística», que apenas hay viviendas unifamiliares y por las consecuencias que, afirmó, tiene este tipo de alquiler en la vivienda habitual: sube el precio y reduce la oferta para quienes buscan donde vivir todo el año. «En el municipio hay 23.715 unidades de vivienda y unos 50.000 habitantes. Hay vivienda de sobra, pero no se emplea para lo que toca», abundó Morrás, que destacó los «problemas» para contratar funcionarios para la isla «por la carestía de la vivienda». «Antes ya había turistas que alquilaban, pero ahora hay empresas que lo posibilitan y eso supone mucha más presión», continuó Morrás, que señaló que, a diferencia de otros municipios, los habitantes de Vila no tienen la opción de desplazarse a las afueras para encontrar una vivienda por las dimensiones reducidas del municipio.

El concejal de Sant Antoni reconoció, de hecho, que la población del núcleo urbano se ha desplazado en los últimos años: «Se han ido a ses Païses, donde en estos momentos hay unas 6.000 personas, casi tantas como en todo el municipio de Sant Joan».

«No nos olvidemos de las autocaravanas, que también se alquilan», recordó el concejal de Sant Josep, que hizo hincapié en la presión turística que sufre la isla en verano: «Hay cuatro o cinco turistas por cada residente». «Teniendo eso y la oferta legal en cuenta significa que en un día cualquiera del verano hay 124.000 personas alojadas no sabemos dónde», apuntó Morrás. Él fue el más activo durante el turno de palabra que se abrió al acabar la mesa, donde tuvo que lidiar con propietarios de alquileres turísticos. Unos denunciaron la falta de ayudas por parte de la administración que den seguridad a quienes pongan sus viviendas en alquiler para todo el año, otros afirmaron que sin ellos habría «pisos vacíos y cerrados», alguno les afeó la falta de vivienda social y una, incluso, protestó al sentir que se culpabiliza del problema de la vivienda a los propietarios que alquilan las suyas a turistas.

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FUENTE: PERIÓDICO DE IBIZA, 9 OCTUBRE 2019

Los ayuntamientos piden más «control» para atraer turismo de calidad a Ibiza
También abogan por dar mayor protección a los propietarios de viviendas de alquiler vacacional

La segunda y última jornada del V Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza reunió las diferentes propuestas políticas en torno a las viviendas vacacionales que tienen los municipios de la isla.

De este modo, Vicent Roig, moderador de la mesa redonda, detalló que las instituciones van por buen camino -en lo que a plurifamiliares se refiere-, pero incidió en la importancia de apostar por un turismo residencial, «un turismo que aporte a la isla».

Por ello, dijo que es importante que haya voluntad común por parte de todas las administraciones, independientemente del color político que gobierne, para tratar de conseguir un turismo de «calidad». En este sentido, subrayó la necesidad de regular el uso de las viviendas y de perseguir a los infractores. «Hay personas que sí que cumplen con la normativa y sienten presión», sostuvo.

También recordó que la base para conseguirlo pasa por un mayor «control» y «el Consell está trabajando en ello en colaboración con la Guardia Civil y la policía». Además, reiteró que la máxima institución insular no tiene competencias dentro de su marco normativo para regular determinados aspectos, pero «hay que dar más información para poder actuar».

Ayuntamientos
Por su parte, Vicent Roselló, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sant Josep, explicó que el municipio apuesta por regular la vivienda turística a través de su normativa municipal y de la de las administraciones supramunicipales (Consell y Govern). «Regular más y, sobre todo, poder fiscalizar porque es muy difícil poder saber qué pasa en las viviendas que no están reguladas», justificó.

Ante esta situación, dijo que las administraciones tienen que poner más medios y recursos para ejercer un mayor control, sobre todo en lo relacionado con el intrusismo. «Nosotros tenemos noticias puntuales de casas que se alquilan de forma ilícita y se lo trasladamos a los órganos que tienen competencias para actuar», añadió; en concreto, en viviendas aisladas en el municipio que, mayoritariamente, son casas unifamiliares en suelo rústico.

En cuanto a Vila, Aitor Morrás, concejal de Vivienda, matizó que hay que hacer una «reflexión» que abarque tanto el derecho a la vivienda como el derecho a alquilar una vivienda. «Tiene que cumplir una función social y tener un uso residencial; no se puede destinar al uso turístico porque hay una presión insoportable de subida de precios para la sociedad de Ibiza», indicó.

Así, explicó que hay que potenciar la inspección de casas turísticas e «intentar movilizar a aquellas que están destinadas a la temporada para que sean anuales». En este sentido, recordó que, a finales de este año o en los primeros meses de 2020, se pondrá en marcha la Oficina Municipal de Vivienda con el objetivo de despejar las dudas de los ciudadanos en esta materia.

«Hay que hacer políticas activas para que la población pueda acceder al mercado inmobiliario y a un alquiler razonable todo el año», explicó; algo que «es difícil, pero lo intentaremos».

Sant Antoni habló de la reforma que está llevando a cabo en la cadena hotelera del municipio con el claro objetivo de recibir un «turismo de calidad». Asimismo, Miguel Tur, concejal de Turismo, señaló que también se trabaja para que aquellos propietarios de viviendas en suelo rústico puedan llevar a cabo cambios en sus parcelas.
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Eulària, Miguel Tur Rubio, habló

de la diferencia que hay entre este municipio y algunos de la isla. «Tenemos zonas muy bien definidas, turísticas y residenciales, lo que nos permite tener el alquiler turístico en una zona determinada», detalló.

Por este motivo, dijo que las propuestas del Consistorio seguirán el mismo camino que hasta ahora: continuar con la separación de usos y dotar al sector turístico de seguridad.

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FUENTE: HOSTELTUR, 14 OCTUBRE 2019

Ibiza: la vivienda vacacional pide ampliar el techo de 21.000 plazas
"La isla padece un grave problema de falta de vivienda pero no creemos que sea culpa de la vivienda turística"

Xavier Canalis
Ibiza se enfrenta a un grave problema cada verano: las plantillas de policías, médicos, enfermeros e incluso empleados del sector turístico no se pueden cubrir al llegar la temporada media y alta debido a la falta de vivienda de alquiler. Una parte de la población local también padece el encarecimiento de los precios. Desde diferentes ámbitos se señala al boom del alquiler turístico como culpable de esta situación. Durante un congreso sobre vivienda vacacional celebrado el pasado 8 de octubre, tuvimos la oportunidad de charlar con José Antonio Llano, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza y Formentera.

-En el congreso me ha parecido observar dos visiones enfrentadas y que se podrían resumir en: "las viviendas vacacionales han creado un problema de vivienda" versus "es necesario construir más vivienda en la isla para equilibrar el mercado". ¿Cuál es la postura de su asociación?
Es cierto que Ibiza padece un grave problema de falta de vivienda pero no creemos que sea culpa de la vivienda turística, como se ha venido diciendo. En España hace muchos años que hay una falta de vivienda social y ¿qué ha pasado? pues que el boom del alquiler turístico nos ha pillado al final a contrapié. Es decir, sin vivienda social y sin ayudas a los propietarios para sacar los pisos que hoy en día están vacíos. Existe una inseguridad jurídica que afecta a los propietarios de viviendas, que permanecen vacías.

-¿Cuál es la situación concreta del alquiler en Ibiza?
El alquiler turístico está prohibido en bloques de viviendas plurifamiliares, lo cual nos parece correcto en la isla. Nuestra asociación representa únicamente a la vivienda turística en casas unifamiliares.

-¿Y cómo afecta el techo que se ha fijado en 21.000 plazas?
No se pueden comercializar más plazas de las 21.000 fijadas en toda la isla. Existe una obligatoriedad de compra de nuevas plazas para crear nueva vivienda turística, pero a unos precios que nos parecen del todo desorbitados porque se han cogido los precios que se pagan por las plazas hoteleras y se han equiparado a las viviendas turísticas. No nos parece correcto porque no es lo mismo amortizar una plaza de un hotel que una plaza de una vivienda vacacional.

-Por tanto, a diferencia de ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, donde hay miles de plazas turísticas en bloques de pisos, en las islas Baleares solo se pueden comercializar como viviendas turísticas las casas unifamiliares, sean a cuatro vientos o pareadas…
Exacto. En Baleares está prohibido el alquiler turístico en plurifamiliar. En Ibiza tenemos 21.000 plazas legalizadas, todas en unifamiliar. Esta cifra incluye 6.000 plazas que el Consell de Ibiza está a punto de desbloquear, que estaban pendientes de revisar.

-Imagino que además de las 21.000 plazas legalizadas, habrá varios miles más sin controlar…
Ilegales o alegales hay muchísimas. Más de 20.000, seguramente. Nosotros llevamos tiempo solicitando que se amplíe el número de 21.000 plazas legales porque creemos que muchas de esas plazas ilegales, si se abriese un poco la puerta, entrarían dentro de la legalidad y creemos que es mejor tenerlas regladas, legisladas, controladas y ofrecer un producto de calidad, que no tenerlas fuera de la oferta legal, donde no hay controles. Si ya es difícil controlar la oferta reglada, la no reglada es casi imposible.

-Pero aumentar el techo de 21.000 plazas legales puede generar polémica en una isla donde hay problemas de vivienda…
Todos los ayuntamientos de la isla han prohibido en sus ordenanzas la mezcla de usos en edificios de viviendas, es decir, que no pueden convivir vivienda turística y residencial en el mismo bloque. Nosotros solicitamos un aumento de plazas no porque queramos saturar la isla de viviendas, porque esas viviendas unifamiliares ya existen, sino para tenerlas regladas, controladas, con transparencia fiscal, seguros obligatorios, etc.

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FUENTE: HOSTELTUR, 16 OCTUBRE 2019

La vivienda vacacional acusa a los hoteleros: "Nos han demonizado"
El frenesí regulatorio para restringir la vivienda de uso turístico perjudicará a los consumidores, sostienen expertos en competencia

Xavier Canalis
Comunidades autónomas, cabildos de islas y Ayuntamientos de diferentes puntos de España se han lanzado a un frenesí regulatorio de viviendas de uso turístico, en la mayoría de los casos con el objetivo de poner límites a este tipo de alojamiento o prohibirlo directamente en determinadas zonas. Pero según advierte un experto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), “aunque prohíbas el alquiler turístico, la gente continuará alquilando por Facebook o cualquier otra red social”. Por su parte, propietarios y gestores de viviendas vacacionales acusan a los hoteleros de haber "demonizado" a este sector del alojamiento.

Cabe recordar que la CNMC ha presentado varios recursos contra las limitaciones del alquiler turístico en ciudades como Madrid, Bilbao y San Sebastián o en islas como Formentera, al entender que son contrarias a la competencia y perjudican a los consumidores.

Según expone Pedro Hinojo, perteneciente a la Subdirección de Estudios e Informes de la CNMC, “los Estados prohíben cosas como las drogas, la prostitución... ¿en serio vamos a meter ahí también al alquiler turístico?”

Esta reflexión fue lanzada por Pedro Hinojo la semana pasada, durante una mesa redonda que tuvo lugar en el V Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza, evento que ha llegado a su quinta edición.

"Instrumentos no óptimos"
Según apuntó Pedro Hinojo, “es cierto que islas como Ibiza y Formentera tienen problemas de falta de alojamiento, pero los instrumentos que se están eligiendo para corregir esto no son los óptimos”, dijo en referencia a las normativas dirigidas a restringir la oferta de viviendas vacacionales.

Y es que según apuntó, a menudo las normativas sobre viviendas vacacionales pueden estar ocultando un debate de fondo. “¿Qué buscas en realidad: recibir menos turistas? Pues entonces implanta un impuesto de llegadas al aeropuerto por un importe de 100 euros. El problema es que las normativas anti-vivienda vacacional no protegen el bien que dicen querer preservar”, expuso.

En cambio, añadió, “los impuestos corrigen externalidades y logran una recaudación para establecer compensaciones. Por ejemplo, una tasa turística puede permitir proveer servicios más eficaces”.

También deberían considerarse medidas de política económica general, como el impulso a la vivienda social en alquiler, apuntó.

"Nos han demonizado"
Por su parte, Carlos Pérez-Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, lamentó que “nuestro sector ante estaba bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos pero nos sacaron de allí y ahora tenemos 17 normativas autonómicas”.

También denunció que los primeros ayuntamientos que han introducido normativas para restringir la vivienda vacacional “han sido Barcelona, Madrid, San Sebastián… Las ciudades donde curiosamente hay la mayor rentabilidad hotelera”.

“Hemos hablado con los hoteleros, para poder ir juntos en los problemas comunes que tenemos, pero no quieren”, indicó.

“En cambio, los hoteleros nos dicen que ellos tienen que cumplir 250 normas, así que nosotros también. Pero ellos tienen servicios que una vivienda vacacional no ofrece: un spa, un restaurante, etc, por eso tienen que cumplir todas esas normativas”, añadió el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía.

Además, criticó Carlos Pérez-Lanzac, “los hoteleros han conseguido que se perciba la vivienda vacacional como la responsable del aumento de los precios del alquiler y de los problemas de convivencia con los vecinos. Pero en Sevilla en todo un año solo ha habido 43 incidencias, en Málaga 21. En cualquier caso, han conseguido demonizar a nuestro sector”.

En opinión de Carlos Pérez-Lanzac, “sería necesaria una normativa nacional, de mínimos, para la vivienda vacacional, que permitiera aclarar la figura del operador profesional”.

"Captura regulatoria"
Otro experto que participó en el congreso fue el economista Mateo Silos Ribas, exdirector estudios en la CNMC.

“Cuando se establecen restricciones de entrada sin que justifique por un interés público se prima el interés privado, va en contra de la equidad”, apuntó Ribas.

“En muchos casos, las regulaciones no se corresponden con las bases de lo que hay que regular y engordan los beneficios de ciertos productores”, destacó.

“Hay agentes que convencen al poder legislativo para que regulen en su beneficio. Es lo que guía muchas de las regulaciones en la realidad”, dijo este experto. A ese proceso se le conoce como “captura regulatoria”.

Puso como ejemplo el sector de la aviación comercial: “No fue hasta las liberalizaciones introducidas a partir de la década de 1990 cuando los precios comenzaron a reducirse y la producción aumentó”.

También destacó las regulaciones en el sector del taxi, “que significan un sobreprecio del 13% para el consumidor, según un estudio que hice en la CNMC”.

En cualquier caso, “la captura regulatoria abunda en España. Lo vemos con el taxi, la electricidad, etc. Esto lleva a una menor competencia, eficiencia y productividad, recursos malgastados, mantenimiento de privilegios y desconfianza en las instituciones”, remarcó.

Y en su opinión, las normativas que se están introduciendo en España para limitar las viviendas turísticas “son un caso más de captura regulatoria, al no estar justificadas desde la óptica del interés general, sino que están diseñadas para bloquear la entrada de nuevos operadores, lo que ocasiona daños a los consumidores”.

“La LAU anterior era un escenario muchísimo mejor para la sociedad. Todas estas normativas contra la vivienda vacacional no justifican el interés público”, remarcó.

Además, señaló este experto, para corregir ciertas externalidades que genera el turismo masivo, “el mejor mecanismo para restringir la entrada de turistas sería subir la tasa de entrada, no establecer normativas contra la vivienda vacacional. Pero para los beneficios de ciertas empresas hoteleras, reducir la competencia es lo mejor”, concluyó.

"Difícil equilibrio"
¿Podrán hoteleros, viviendas vacacionales y residentes llegar a convivir en armonía en España?

En opinión de Juan Franch Fluxà, profesor de contratación turística en la Universitat de les Illes Balears y coordinador académico del Congreso, la vivienda vocacional se ha convertido un sector “fundamental en la estructura de nuestra oferta turística”.

“Nadie duda ya de su impacto económico, su fuerza como palanca de cambio ante la estacionalidad o su influencia en la reputación y calidad de un destino”, añade.

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“El turismo es nuestra principal industria y tanto el sector hotelero como el extrahotelero requieren normativas (estatales, autonómicas y locales) que permitan actuar con seguridad jurídica, eficiencia, respeto a los intereses generales y, sobre todo, por el territorio que sustenta la actividad turística”, destaca este experto.

Por ello, Juan Franch considera que en este debate “es necesario aportar argumentos de consenso y constructivos”, sea para hablar de las dificultades de acceso a la vivienda o del turismo sostenible.

“Ante la turismofobia que se extiende o de unas medidas marcadas por la restricción, el Congreso de Viviendas Vacacionales se ha desarrollado siempre en positivo”, destaca el coordinador de las jornadas.

Por eso, destaca Juan Franch, la idea principal del congreso “ha sido la búsqueda del difícil equilibrio que debe promoverse desde la administración, pero también por las propias prácticas de un sector en el que convergen propietarios, plataformas, property managers y comercialitzadores. Quedan muchos retos pendientes”.