La presidenta de la Asociación de Construcción de la Pimeef, Consuelo Antúnez, pide una ley «estable» y considera que se deben legalizar las viviendas en suelo rústico fuera de ordenación.

L. Riera - Eivissa

Legalizar las viviendas ilegales edificadas en suelo rústico «para que al menos paguen impuestos» y contar con una normativa urbanística «que no cambie cada cuatro años» fueron las principales medidas que exigieron la presidenta de la Asociación de Construcción de la Petita i Mitjana Empresa d´Eivissa i Formentera (Pimeef), Consuelo Antúnez; el presidente del Colegio de Arquitectos, Iván Torres, y Lourdes Marí, abogada especialista en Derecho Urbanístico, en el coloquio ´Consecuencias y efectos de la moratoria urbanística en el sector inmobiliario´, celebrado el pasado jueves en el Club Diario de Ibiza. «La moratoria urbanística crea inseguridad jurídica y es negativa para nuestro sector. El hecho de que cada cuatro años haya un cambio de normativa echa para atrás a los inversores», criticó Antúnez.

En concreto, la presidenta de la Asociación de Construcción de la Pimeef criticó que el decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística, aprobado el pasado 12 de enero, suspenda la legalización de Asentamientos en Medio Rural (AMR), es decir, urbanizaciones surgidas de forma ilegal. «No creo que nadie piense que una persona que tiene una vivienda fuera de ordenación no la va a mantener. Aunque parezca un premio legalizarla, es una realidad, así que al menos que pague impuestos, que no le salga gratis», consideró Antúnez, que insistió en que el territorio es «un bien preciado». «No estamos aquí para llenar toda la isla de hormigón, pero esta medida nos afecta mucho. Si estas casas no pueden legalizarse ni demolerse, está claro que sus propietarios las querrán mantener», consideró la presidenta de este colectivo.

En la misma línea se manifestó el presidente del Colegio de Arquitectos en Ibiza y Formentera, que sostuvo que la legalización de los AMR que propuso el PP «no era una solución, pero sí servía para integrar estas construcciones en el territorio». «Muchas de estas obras ya no se van a poder demoler. Al final, la presión urbanística se va al suelo rústico, que no lo merece, y seguimos viendo nuevos planeamientos y crecimientos especulativos, sin tener en cuenta que lo primero que hay que hacer es solucionar lo existente», defendió Torres. Asimismo, opinó que el «problema principal» es la «falta de control y el desbarajuste» de la disciplina urbanística. «Los ayuntamientos deben dotarse de medios suficientes», señaló el conferenciante. Además, el ponente insistió en que no se puede construir en la isla «hasta el infinito», aunque añadió que el «crecimiento cero» tampoco es la solución.

Respecto a cómo legalizar los asentamientos en medios rurales «sin que parezca un premio para el infractor», los tres conferenciantes coincidieron en la dificultad de esta solución. En este sentido, el concejal de Urbanismo de Santa Eulària, Mariano Juan, aprovechó el coloquio para defender que las instituciones deben ayudar a los afectados. «Muchos propietarios que se encuentran en esta situación no son los infractores y acuden a las instituciones para intentar legalizar su vivienda», defendió Juan.

Diversidad normativa
Por su parte, la abogada especialista en Derecho Urbanístico destacó que el decreto del Govern ha creado confusión entre los ayuntamientos en la calificación de suelos urbanos. «Según la moficación, lo serán todos los que cuenten con servicios urbanísticos básicos, pero muchos no tienen redes de saneamiento o acceso por carretera, por ejemplo», apuntó Marí, que recordó que las solicitudes de licencia presentadas en las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) desde hace tres meses están afectadas por la moratoria, ya que la nueva normativa les otorga una protección total y quedan inedificables. Como consecuencia de esta diversidad urbanística en Eivissa, Marí contó que su aplicación varía en cada ayuntamiento y que la legalidad del acondicionamiento de una casa que ha sido ampliada de forma ilegal depende del municipio. «Unos ayuntamientos permiten reformar solo la parte legal o dejan reformar con unos mínimos la ilegal, mientras que otros no te dejan tocar nada», comentó Marí.

En esta conferencia la Pimeef también presentó la nueva Asociación de Inmobiliarias de la Pimeef, cuyo objetivo es luchar contra el intrusismo en el sector. Su presidenta, Mila González, abogó por un «consenso a largo plazo» en el planeamiento urbanístico de la isla.