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Informaciones aparecidas en los diferentes medios de comunicación durante la celebración del IV Congreso de Viviendas Turísticas de Ibiza. FOTOS: Sergio G. Cañizares.

FUENTE: DIARIO DE IBIZA, 19 OCTUBRE 2018

La ley de alquiler turístico balear "expulsa" al 40% de las viviendas
La secretaria de Estado de Turismo anuncia en Ibiza que el Gobierno central quiere crear un registro único estatal de casas para arrendamiento a turistas. Un representante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asegura que los problemas que genera el alquiler turístico de inmuebles no justifican la intervención legislativa de las administraciones para paliar sus efectos

José Miguel L. Romero - Jesús
La ley balear que, desde julio de 2017, regula la comercialización de estancias turísticas en viviendas, ha tenido más efectos prácticos que los imaginados inicialmente: el 40% de las casas que se alquilaban a través de plataformas web «han volado» desde que entró en vigor esa normativa. No hay rastro de ellas, según aseguró ayer José Antonio Bonache, representante de la Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal (PAT), que controla 250.000 plazas, durante la celebración del IV Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza, organizado por la Pimeef, el Consell y AVAT, la asociación pitiusa de este sector.

La nueva legislación ha sacado del mercado de las islas a miles de plazas, según Bonache. Se han esfumado el 40% que se comercializaban a través de plataformas como Homeaway, Rentalia, Spain-Holiday.com y Niumbay, que integran PAT, y lo peor es que, según Bonache, posiblemente sigan activas: «No creo que hayan dejado este negocio. Lo harán, pero de otra manera», aseguró. Economía subterránea que ahora funciona en el inframundo.

Bonache soltó la cifra, ese 40%, mirando fijamente a Antoni Sansó, director general de Turismo del Govern, presente en el acto y que desgranó las peculiaridades de la normativa: «Guste o no guste, hay que cumplirla», avisó desde el inicio de su intervención. Hasta cuatro veces pronunció Bonache ese número (40) con los ojos puestos en Sansó, como culpándole de ese, a su juicio, quebranto. Porque, según las cuentas del representante de PAT, el alquiler de pisos para turistas es un chollo para los comercios de los alrededores: los viajeros, según sus cálculos, gastan el 53% de su presupuesto en compras: «Es un sector transversal que moviliza toda la economía», indicó. De ahí el «impacto en los comercios» que ha ocasionado la entrada en vigor de esa ley.

«Nada bueno saldrá de regular a partir de sentimientos, mitos y mensajes políticos», comentó Bonache. Esa misma idea se pudo escuchar, con diferentes palabras, en boca de muchos de los ponentes, especialmente de Joaquín López Vallés, director del departamento de Promoción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que recomendó al Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos que se abstengan de regular el sector: «Que el alquiler turístico de viviendas ocasione problemas no justifica la intervención de las administraciones», dijo. Estas deben «acreditar» esos problemas con datos. Para López, ese tipo de alquiler «ha democratizado» el turismo. Sólo ve bondades en él y una perniciosa intención de las administraciones de intervenirlo mediante «regulaciones intrusivas». A su juicio, «a veces es peor el comportamiento de un estudiante que el de un turista».

Sin tener en cuenta las peculiaridades de estas islas, López aseguró que existen diversos estudios que niegan el impacto del sector en los precios del alquiler: «No hay evidencia empírica de que suban los precios por ese motivo», a lo sumo, comentó, un mínimo porcentaje, un 1%.

Carmen Lence, doctora en Derecho y asesora del Defensor del Pueblo, ironizó sobre el papel preponderante que la libertad de empresa, cuyo garante es la CNMC, tiene frente a otros derechos recogidos en la Constitución: «Cuando conjugamos derechos, nos encontramos con que la CNMC puede impugnar cualquier disposición que vulnere la libre competencia». Hay, dijo, «quien bromea en este caso con crear la Comisión Nacional del Derecho a la Vivienda». Porque la libre competencia tiene, en la Unión Europea y, por ende, en España, «unas garantías de las que carecen otros derechos». Es todopoderosa.

En ese ambiente de pensamiento ultraliberal y tendente a la desregulación en el que se manejaba la mayor parte de los ponentes del congreso, Lucía Prats, delegada en Ibiza del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), intentó explicarles que las viviendas turísticas vacacionales «producen problemas de convivencia» en la isla. Hay pocas en alquiler y las que hay tienen precios desorbitados desde que buena parte del parque inmobiliario sólo se abre en verano y para turistas.

El Gobierno quiere crear un registro de casas de uso turístico
Bel Oliver, secretaria de Estado de Turismo, mentó la soga en casa del ahorcado: en la inauguración del congreso, anunció que el ministerio dirigido por Reyes Maroto estudia la creación de un registro «único» estatal de viviendas dedicadas al alquiler turístico. Varios ponentes, como Luis Gordillo, doctor en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad de Deusto, clamaron poco después contra esa medida. Oliver considera que un registro permitiría a las comunidades autónomas «velar» por el cumplimiento de sus normativas: «Es necesario –dijo– el control, una regulación esencial para dar seguridad a los operantes» de este sector, tanto a los empresarios como a los clientes e, incluso, a la Agencia Tributaria, que podría sacar tajada de un sector que suele escaparse a sus tentáculos. En ese sentido, la secretaria de Estado explicó que la intención del Gobierno es «modificar leyes estatales», como la de arrendamientos urbanos (para definir lo que es un alquiler temporal) y de la propiedad horizontal, así como la modificación de la Ley de la Sociedad de la Información para «responsabilizar» a las plataformas web de lo que venden. Oliver es consciente de «la dificultad jurídica» que entraña esta actividad. Es, dijo, «todo un desafío».

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FUENTE: DIARIO DE IBIZA, 19 OCTUBRE 2018

Neoliberales en busca de un paraíso sin regulaciones
Las palabras registro, licencia o legislar provocan sarpullidos en la mayoría de los ponentes

José Miguel L. Romero - Jesús
En la esfera neoliberal, un mundo feliz es aquel en el que no hay registros ni se legisla. Porque cuando se regula el alquiler turístico de viviendas, los propietarios, que no los residentes, quedan «desamparados». Gracias a algunos ponentes del congreso, ahora sabemos que plataformas como Airbnb han «democratizado» el turismo y mejorado nuestras vidas.

Para un neoliberal, el paraíso es un mundo sin regulación. Y, a poder ser, sin impuestos. El congreso inaugurado ayer parecía, en ese sentido, una convención de ultraliberales, de adoradores del capitalismo radical, de fans de Milton Friedman, en el que tanto la secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, como el director insular de Turismo, Vicent Torres, la edil de Turismo y el alcalde de Santa Eulària, Carmen Ferrer y Vicent Marí, respectivamente, la delegada ibicenca del Ibavi, Lucía Prats, y el consultor ambiental Juan Calvo, debían sentirse como pulpos en un garaje. Frente al objetivo de todos estos –común pese a ser de ideologías diferentes– de parar los pies al alquiler turístico en inmuebles plurifamiliares, estaba el deseo expreso de la CNMC, juristas y plataformas de desregular totalmente el sector.

«En España nos encantan los registros, nos ponen», comentó Luis Gordillo, profesor de la Universidad de Deusto y doctor en Derecho Constitucional. Lo dijo justo cuando salió de la sala Bel Oliver, que acababa de anunciar el interés del Gobierno en crear un catálogo estatal de los inmuebles que se dedican a esa actividad. Eso es anatema para los neoliberales como Gordillo.

Al profesor de Deusto ni siquiera le gusta que haya «licencias» –«lo segundo que más nos gusta en este país»–, ni para taxis ni para VTC ni, mucho menos, para alquilar casas a turistas. El paraíso es un mundo sin registros ni regulación. El capitalismo se regula solo... como ya se comprobó en la crisis de 2008. Para Juan Franch, profesor de Derecho Mercantil de la UIB, hasta las declaraciones de responsabilidad (que evitan las licencias previas) «son cercenadoras de derechos».

Gordillo aboga por la «proporcionalidad», pues a su juicio es excesivo controlar legislativamente el alquiler turístico. Si genera molestias a los inquilinos de un edificio, basta, dice, con aplicar «normas de régimen interno» para acabar con ellas. En todo caso, bastaría «una inspección fuerte» que velara por que se respetasen las normas de las comunidades de vecinos: «Las regulaciones, las limitaciones, no acaban con los problemas», avisa. Leyes como la balear son, a su juicio, «inconstitucionales», pues afectan a la propiedad privada. El artículo 33 de la Constitución, que aborda este derecho, fue ayer reiteradamente mencionado.

Para Joaquín López Vallés, director del departamento de Promoción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), «la calidad de la regulación es un problema, pues no se respetan los principios de necesidad y proporcionalidad al imponer restricciones en la competencia». De ahí que la CNMC intervenga, de buena gana, a la mínima y a veces con vehemencia, cada vez que alguna comunidad autónoma o ciudad se atreve a regular al respecto. Porque legislar en ese ámbito sólo ha llevado «a un empeoramiento de la disponibilidad de alojamientos» y a que los precios también «empeoren», afirma. Ya se quisiera en Ibiza. Con Airbnb y plataformas similares se vive mejor porque, asegura López, «han democratizado el turismo».

La CNMC, dijo, está en contra de «restricciones que son desproporcionadas». Les «preocupan» porque atentan contra la sacrosanta libre competencia, la madre de todos los derechos en la Unión Europea, por encima del derecho a la vivienda digna. De ahí que no duden en llevar a quien sea a los tribunales, incluso al Estado si es necesario, que «no es omnipotente ni perfecto».

En esa ola neoliberal también cabalga Eliseo Martínez, abogado y socio de Fevitur (Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos), para quien la intervención de la Administración «sólo se justifica si hay datos». Y, según él, no los hay para regular el alquiler turístico. El precio de los alquileres o el metro cuadrado en Ibiza no son datos. El propietario (Martínez también echó mano en este caso del artículo 33 de la Constitución) está «desamparado» en casos de regulación. No mencionó el desamparo de quienes no pueden hacer frente a alquileres equivalentes o superiores a su sueldo por una casa de una habitación. Su ideal es una España en la que la legislación sobre alquileres turísticos sea homogénea, es decir, enterrar de una vez el Estado de las autonomías.

Juan Franch también considera que «se han producido excesos normativos tendentes a la prohibición». Lo de establecer zonificaciones o pedir requisitos por parte de la Administración para alquilar son, según cree, excesos a los que la Justicia ha parado los pies «por vulnerar derechos como la libertad de mercado». Que, ya se sabe, es sacrosanta.

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FUENTE: PERIÓDICO DE IBIZA Y FORMENTERA, 19 OCTUBRE 2018

Carmen Lence: «El derecho a la vivienda está por encima de la libertad empresarial»

Nicolás Ribas - Jesús
Este jueves dio inicio el IV Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza, evento que empezó a las 9:30 de la mañana con un debate sobre el papel de las administraciones ante la nueva realidad de las viviendas turísticas vacacionales, que estuvo moderado por Vicent Torres ‘Benet’, director insular de Turisme.

Carmen Lence, Doctora en Derecho y asesora en el Defensor del Pueblo, explicó en su intervención que la regulación del alojamiento de viviendas turísticas supone un «desafío absoluto» para la coordinación, ya que son varias las administraciones competentes en la materia: el Gobierno central, el Govern balear, el Consell d’Eivissa y los distintos Ayuntamientos de la isla.

Este tipo de oferta vacacional, aunque ya existía antes de 2008, ha experimentado un auge como consecuencia de la aparición de empresas tecnológicas y plataformas como Airbnb, que ponen en contacto a usuarios y propietarios que destinan sus viviendas a uso turístico. Debido a este crecimiento tan rápido, lamentó Lence, la Administración tiene «grandes dificultades» para regular esta actividad.

Lence también mostró su preocupación porque la Administración no tenga «suficientes medios» para inspeccionar el alquiler turístico ilegal y se refirió a algunos de los efectos negativos que a su juicio tiene este tipo de actividad sobre la convivencia y la vida de la ciudadanía. En el caso de Ibiza, la isla tiene unos «límites estructurales» muy definidos, apenas hay suelo para construir nuevas viviendas y por ello la vivienda turística vacacional contribuye a agravar los problemas de acceso a la misma.

Por eso, según Lence, es necesario reivindicar «el derecho a la ciudad» y ofrecer seguridad jurídica, por ejemplo, ofreciendo en un solo documento todos los requisitos que tiene que tener un apartamento para destinarlo a uso turístico. En contestación a la intervención de Joaquín López, director del departamento de promoción de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), quien se mostró contrario a las restricciones en el alquiler vacacional cuando éstas no están sustentadas por un estudio y cuando son desproporcionadas, Lence argumentó que «la libertad empresarial se ha colocado por encima de otros derechos», como el derecho a la vivienda.

Por otro lado, Luis Gordillo, profesor de Derecho en la Universidad de Deusto, propuso introducir «normas de régimen interno» que regulen la conducta de los turistas que utilizan apartamentos vacacionales para evitar las molestias que a veces se generan por los distintos hábitos de vida de turistas y residentes mientras habitan en un mismo edificio y apostó por inspecciones fuertes para que se respeten las normas, ya que «este fenómeno no se va a terminar, lo que hay que buscar es una manera de convivir».

López, por su parte, además de mostrarse contrario a las «restricciones desproporcionadas», señaló en su intervención que el turismo es una industria fundamental para España, especialmente para Ibiza, y que esa era una condición que había que aprovechar «inteligentemente». Recordó que si los ayuntamientos realizaban modificaciones urbanísticas que atentan contra la competencia recurrirá ante los tribunales los casos, como ya ha hecho con los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, San Sebastián o Bilbao, pese a que matizó que «en determinadas circunstancias puede haber motivos de intervención de la administración».

Finalmente intervino Lucía Prats, delegada del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en Ibiza, quien afirmó que debido a las limitaciones estructurales de la isla que señaló Lence, «hay un grave problema de vivienda para quienes quieren venir a trabajar a la isla o para quienes viven durante todo el año aquí» e hizo hincapié en la necesidad de realizar «enormes» inversiones en vivienda pública, que en Balears solo representa el 0,6 por ciento. «Las administraciones tenemos que conjugar los intereses de la industria turística y los intereses de residentes y ciudadanos», apuntó.

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FUENTE: PERIÓDICO DE IBIZA Y FORMENTERA, 19 OCTUBRE 2018

El Gobierno creará un registro estatal de viviendas de uso turístico para regularlo

N. R. - Jesús

La Secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, aseguró ayer que abordarán junto a las comunidades autónomas y los sectores implicados la regulación del alquiler turístico vacacional con la creación de un registro estatal único de viviendas de uso turístico.

El objetivo, según explicó Oliver, es que las comunidades autónomas tengan una herramienta de regulación para poder controlar el cumplimiento de la normativa en sus territorios.

Oliver inauguró el IV Congreso de Viviendas Turísticas de Ibiza, «un evento muy interesante en estos tiempos», según reconoció. También destacó que en el Gobierno están trabajando en la modificación de leyes estatales, según avanzó en Ibiza.

Así, desde el Ministerio de Fomento se trabaja en la modificación de la Ley de arrendamientos urbanos para definir exactamente qué es el alquiler de temporada; en la Ley de Propiedad horizontal, en el sentido de pasar de la unanimidad para modificar los estatutos de la comunidad a necesitar 3/5 partes, y también se está abordando la modificación de la Ley de la Sociedad de la Información, para dar responsabilidad a las plataformas que actúan como intermediarios en este comercio.

«La nueva situación de las viviendas de uso turístico y su impacto en la sociedad, probablemente es uno de los desafíos que tiene el turismo en España en la actualidad. Un desafío que viene dado por su impacto y la dificultad jurídica a la hora de abordarlo», reflexionó Oliver.

Asimismo, recordó que hasta cinco administraciones públicas tienen competencias en la materia, lo que supone una «cuestión competencial compleja, difícil de gestionar».

«El nuevo Gobierno del Estado quiere abordar esta situación, que antes no había sido abordada y se pasó de perfil sobre una cuestión muy importante para el tema turístico», añadió Oliver.

La Secretaria de Estado recordó que se han celebrado reuniones para abordar la regulación y ver qué se puede aportar desde las Comunidades Autónomas para desarrollar mejor sus competencias en la materia.

«No cabe duda de que se necesita una regulación, un control de las viviendas de uso turístico para dar seguridad a los operantes, a quienes alquilan, seguridad ante lo que uno se puede encontrar, seguridad tributaria», añadió.

Sin querer avanzar fechas, Oliver reiteró que trabajan para encontrar una solución «buena, posible, según cada legislación de las comunidades autónomas en cada territorio» y aseguró que son «conscientes» de la dificultad, aunque ello les hace ser más «persistentes».

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FUENTE: PERIÓDICO DE IBIZA Y FORMENTERA, 19 OCTUBRE 2018

Juan Calvo: «Las viviendas turísticas vacacionales deben asumir el coste medioambiental»

Nicolás Ribas - Jesús
Carmen Ferrer, concejala de Turisme de Santa Eulària, moderó el segundo de los debates programados durante la celebración del IV Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales, centrado en los retos legislativos que plantean las estancias de turistas en viviendas vacacionales y que contó con la participación de cinco invitados.

Juan Calvo, coordinador técnico de la Alianza por el Agua, aseguró en su intervención que la regulación del alquiler turístico vacacional en la isla debía introducir criterios medioambientales y abogó porque estos establecimientos paguen también una tasa turística, igual que la que abonan los hoteles.

Calvo acompañó su argumentación con unos gráficos que señalaban que Ibiza tuvo en abril de 2016 la misma presión humana que en agosto de 1997, lo que plantea problemas de sostenibilidad, de depuración de aguas y de saneamiento. «No hay servicios suficientes para garantizar esta presión», apuntó Calvo y señaló la necesidad de «avanzar hacia la eficiencia de los recursos naturales».

En este sentido, «hay que recordar que los acuíferos de la isla sufren un grave estado de sobreexplotación y deterioro en la calidad del agua», explicó el biólogo y consultor ambiental, una situación que en parte se explicaría por el desarrollo urbanístico, que precisa una elevada demanda de agua. «Si una vivienda en suelo rústico puede destinarse a alquiler vacacional debería llevar una serie de requisitos de sostenibilidad», finalizó Calvo.

Juan Franch, profesor de la Universitat de les Illes Balears (UIB), por su parte, apuntó que en este nuevo escenario «el reto es no ir contra la innovación que está marcando el futuro y el presente» y dibujó un escenario de tensión entre las diferentes administraciones por los cambios que esta nueva realidad está produciendo. «Se ha regulado desde el miedo y desde la reticencia», explicó Franch, para quien el nuevo marco normativo «ha optado más por prohibir que por permitir».

Debido a ello, precisó, «mucha gente que estaba en el mercado decidió salir». Eliseo M. Martínez, de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos, compartió argumentos similares a los de Franch. «La administración solo puede intervenir si hay un fallo en el mercado y siguiendo el principio de proporcionalidad», afirmó, al tiempo que deseaba una legislación «mejos injerente».

José Antonio Bonache, de la Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal, rechazó la «mala» fama que tienen las empresas relacionadas con el sector. «El alquiler vacacional en Balears genera 7.439 millones de euros» y señaló que este beneficio también repercute en los supermercados y comercios del barrio, así como a las arcas del Estado gracias a los impuestos que se generan.

Por ello, mostró su preocupación por la legislación que se está haciendo desde Balears, ya que, según indicó, «un 40 por ciento de los propietarios han abandonado el sector», lo que supone un gran impacto. Entre otras medidas, apostó por impulsar una tasa turística «para que tenga un beneficio para los vecinos», así como la necesidad de implementar un registro unificado.

 

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FUENTE: DIARIO DE IBIZA, 20 OCTUBRE 2018

Críticas al organismo en dos frentes: por ser cautivo de los ´lobbies´ y de los partidos, y por sacralizar el libre mercado

José Miguel L. Romero - Jesús
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recibió ayer de dos lados. Primero, de su exdirector de Análisis Económico, Mateo Silos, que considera que es cautiva de los ´lobbies´. Luego, de Enrique Ramos, edil de Urbanismo de Donostia, ciudad a la que la CNMC impugnó sus ordenanzas contra el alquiler turístico. Según Ramos, el mercado es Dios para ese organismo, intocable.

«Me dejó espeluznado la intervención del representante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)», expresó ayer por la mañana, entre el público, Enrique Ramos, concejal de Urbanismo Sostenible, Vivienda y Proyectos de Ciudad del Ayuntamiento de Donostia, que por la tarde participó en la mesa redonda sobre ´Zonificación e intervención administrativa: ¿instrumento o error?´, en la segunda jornada de la cuarta edición del Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales. Ramos se refería a Joaquín López Vallés, director del departamento de Fomento de la CNMC, que el jueves, en la ponencia ´La Administración ante el panorama del alojamiento de viviendas´, dejó perlas como la siguiente: «Que el alquiler turístico de casas ocasione problemas no justifica la intervención de las administraciones».

Ramos conoce bien cómo se las gasta la CNMC, pues en agosto impugnó la normativa con la que la capital guipuzcoana quería poner coto a plataformas como Airbnb: «Lo recurrieron todo, absolutamente todo, porque alegan que el Consistorio no tiene capacidad de regulación urbanística. Pero nosotros defendemos que tenemos competencias en esa materia». ¿Por qué cree Ramos que la CNMC ha recurrido tanto esa iniciativa reguladora como las de Barcelona, Madrid y varias comunidades autónomas?: «En la CNMC hay un sesgo ideológico, una visión política en la que lo que prima es el mercado. Para ellos, su mejor regulación es la que no lo regula. El mercado ya lo hace por sí solo, dicen».

Esa máxima se volvió a escuchar ayer repetidas veces. En una de las ocasiones, el moderador, Josep Marí Ribas, alcalde de Sant Josep, saltó indignado: «¿Y el mercado también regula los salarios?».

El mercado y los pinchos
Al responsable del urbanismo donostiarra le escandalizó, además, que los ponentes más neoliberales del congreso sólo hablaran «de una parte de los ciudadanos, no de aquellos que no pueden tener una segunda vivienda para poder alquilarla. Quienes tienen un piso turístico, tienen otro para vivir. Y eso no está al alcance de todos».

El edil puso un ejemplo de por qué una urbe puede y debe regular su urbanismo: «Donostia es famosa por sus pinchos. Si fuera por los restauradores, por el mercado, las calles estarían llenas de mesas para ofrecer sus famosas tapas».

«Lo que más me ha preocupado –señaló Ramos– estos dos días del congreso es oír que se abogue por la desregulación», tanto por parte de la CNMC como por las plataformas y profesores de universidades, como Luis Gordillo, de Deusto, y Joan Franch, de la UIB, que es además organizador del congreso.

Pero si el primer día se respiraba un exultante ambiente de neoliberalismo en el congreso –con algunas excepciones– ayer se comprobó que incluso esta corriente económica, que abomina de la intervención estatal, tiene ultras en sus filas que abogan por ir más allá. Como Mateo Silos, principal economist en Ofwat, el organismo regulador y autoridad de competencia del sector del agua en Inglaterra y Gales. Justo antes de tener ese cargo fue subdirector de Análisis Económico de la CNMC, a la que ayer puso a caldo: «Es un caso de captura regulatoria, pues atiende a las llamadas de los lobbies y no favorece el interés general», aseguró ante un público estupefacto que, posiblemente, recordó cómo se las gastaba el Tea Party, los ultras del ala más derechista de los republicanos de Estados Unidos.

¿Por qué cree Silos que la CNMC está bajo la influencia de los lobbies? Porque uno de sus miembros, Mariano Bacigalupo, consejero de Energía, es marido de la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y porque Fernando Torremocha, otro consejero de la CNMC, ha tenido un papel destacado en el PP. A su juicio, el presidente de la comisión, José María Marín Quemada, tendría que «irse por no hacer lo que tiene que hacer», que según su criterio es echar a Torremocha y a Bacigalupo. Depurar, vamos.

Un caso de captura regulatoria
Silos inició la charla sobre ´Tiempos de lobbies: una lucha constante´, afirmando que las normativas de las comunidades autónomas, como la balear, sobre viviendas de uso turístico son casos de «captura regulatoria». Cree que los gobiernos autonómicos, incluso ayuntamientos como el de Donostia y Barcelona, han sucumbido a las presiones de los lobbies o de las grandes empresas para regular el taxi, el cobro a Google News por citar contenidos o los alquileres turísticos: «Siempre hay grupos que buscan el poder coercitivo del Estado a su favor», dijo citando al economista George Stigler. Sergi Marí, gerente de Turismo del Consistorio de Barcelona, donde gobierna Ada Colau, le corrigió poco después: Stigler también dijo que esos grupos de presión habían sido muy influyentes en la desregulación, de manera que «quizás el problema no sea regular, sin la existencia de lobbies».

Silos perseguía con su exposición demostrar que toda regulación es mala. En el caso de los taxis, cuando él estaba en la CNMC calculó que «su monopolio» causaba un incremento anual de los precios del 13,1%, que en dinero contante y sonante son 324 millones anuales. La captura regulatoria provoca «menor competencia, eficiencia y productividad, el mantenimiento de privilegios, más desigualdad, y el resquebrajamiento y desconfianza en las instituciones, así como el descrédito de la economía de mercado». Y lo que es peor, el acabose, «alienta el populismo».

Para Silos, la regulación sobre las viviendas de uso turístico «no se justifica desde la óptica del interés general», algo contra lo que apeló indignado el alcalde de Sant Josep: «La regulación es absolutamente necesaria en esta isla». Y recordó a qué condujo aquí dar carta blanca a la construcción, «al urbanismo desbocado».

Precisamente, Joaquín López, el que el jueves dejó «espeluznado» al edil de Urbanismo de Donostia, volvió ayer (sustituyó a un invitado que no pudo acudir) a exponer por qué las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberían hilar más fino: «Nos merecemos una Administración que regule bien». Veinte autonomías y consistorios lo han hecho fatal, a su juicio, hasta ahora porque se han guiado «por impulsos» en vez de por la «necesidad y proporcionalidad», principios que deben regir a la hora de elaborar normativas. López aconsejó que se abstengan de regular con el propósito de «ordenar» o planificar la economía, pues «está prohibido por la directiva de servicios que la Administración sustituya al mercado y planifique actividades económicas». Deben limitarse a los casos de «fallos de mercado», por ejemplo «cuando se causa molestias a los vecinos o hay un problema de acceso a la vivienda habitual».

Pero esa posibilidad queda en papel mojado cuando entran en juego otros factores. Según el representante de la CNMC, pedir licencias, un equipamiento mínimo, una placa identificativa, un lugar donde el inquilino pueda llamar por teléfono o un registro «desincentiva el acceso al mercado», todopoderoso y sacrosanto, y por tanto es recurrible.

Tolo Gomila, presidente de Fevitur (Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos), que participó en la charla sobre los grupos de presión, también es de los que apuestan por dejar que el mercado campe a sus anchas y regule por sí solo. Recordó que lo que ahora sucede con las plataformas web ya ocurrió cuando surgieron las aerolíneas low cost: «Al final, han mejorado la conectividad y las de bandera se han transformado a ese modelo». Igual pasó con el todo incluido, añadió: «Porque al final, el mercado lo pone todo en su sitio».

«No inciden en los precios»
El presidente de Fevitur niega opacidad fiscal en las viviendas de uso turístico, pues al ser el pago digital es fácil rastrearlo y, además, los propietarios ya deberán tributar sus ganancias. Sobre este asunto, dijo que, según el Egatur, la encuesta de gasto turístico, sus inquilinos se dejan en el destino un 23% más de dinero que los que van a hoteles, y advirtió de que «ya hay señales de normalización» del sector, pues grandes cadenas como Marriot, Accord y Meliá se han sumado al negocio.

También negó que incidan en el precio de los alquileres o del metro cuadrado, para lo que puso el ejemplo de Palma: en esa ciudad, dijo, los alquileres han crecido un 16% desde que entró en vigor la ley del Govern sobre los arrendamientos turísticos. El jueves, José Antonio Bonache, representante de la Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal (PAT), aseguró que desde entonces se han esfumado el 40% de la viviendas que ofertaban, pero que seguramente siguen activas, en el mercado negro, por lo que siguen incidiendo en los precios.

Franch: «Me congratulo de auspiciar este foro neoliberal»
El profesor de la UIB cree que se les pone la etiqueta de «malos» pese a propiciar «un mercado más eficiente»
Que en este diario se publicara ayer una crónica en la que se dijera que el congreso parecía una convención de neoliberales, escoció a algunos de los participantes. Joan Franch, profesor de Derecho Mercantil de la UIB, ponente el jueves y uno de sus organizadores, sacó el tema cuando se encontraba entre el público: «Me congratulo de que hayamos auspiciado un foro de neoliberales». Franch estaba molesto porque se les pusiera la etiqueta «de malos», cuando, a su juicio, propician «un mercado más eficiente para los consumidores» con el fin de «protegernos como sociedad». Su máxima, desregular a tope.

Mateo Silos, ex de la CNMC, dijo sentirse también de esa corriente y recordó que «la competencia mejora el bienestar», aunque lamentó que «la gente asocie mercado con cosas malas». Cree que la Administración debe abstenerse de poner «trabas al mercado» si con sus medidas no lo va a mejorar. Miquel Quetglas, major de la Policía Local de Palma, ponente el jueves en la mesa sobre ´Cuestiones de seguridad, estafa y mala praxis´, recordó desde el público a Silos que, en efecto, y según la definición, lo de neoliberal le encaja perfectamente.

Sergi Marí, el gerente de Turismo, Comercio y Mercados de Barcelona, bromeó al respecto: «Ojo que yo no soy liberal. Que mi jefa, Ada Colau [alcaldesa de Barcelona], puede preguntarme dónde me he metido».

Ante gente «insensible al sufrimiento ajeno»
Nahiara Cardona, abogada de la Asociación Soluciones Legales para Todos, habló de «falta de empatía, de una sociedad enferma, de gente insensible ante el sufrimiento ajeno», retrato de los discursos neoliberales escuchados durante buena parte del congreso. Frente al capitalismo salvaje, que «se carga el tejido social y familiar», que «impide emanciparse a los jóvenes de Ibiza» y que provoca que muchos renuncien a trabajos porque no encuentran alojamiento a precio módico, Cardona propuso mano dura contra quienes alquilen ilegalmente y parar los pies a los fondos buitres que adquieren propiedades en la isla para alquilarlas en verano. La abogada recurrió a Kenneth Boulding como resumen de su exposición: «Quien crea que un crecimiento exponencial puede durar siempre en un mundo finito, o está loco o es un economista»... neoliberal.

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